Solo 24 horas después de haberse posesionado como presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella ordenó el traslado de 117 personas privadas de la libertad, consideradas de alto perfil y vinculadas a negociaciones de paz adelantadas en diferentes regiones del país.
La operación fue ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como una de las primeras medidas adoptadas por la nueva administración para reforzar el control de los establecimientos penitenciarios.
Los internos fueron reubicados en cárceles de alta seguridad localizadas en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
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De acuerdo con la Presidencia de la República, la decisión busca fortalecer las condiciones de seguridad y evitar que las estructuras criminales mantengan, coordinen o amplíen sus actividades desde los centros de reclusión.
Durante el desarrollo del operativo, el presidente informó inicialmente que se habían concretado 43 traslados y anunció que los restantes se cumplirían en las horas siguientes. Posteriormente, el Gobierno confirmó la ejecución del traslado de los 117 internos.
“Los voy a mandar a cárceles de máxima seguridad en donde no puedan seguir delinquiendo”, afirmó De la Espriella, quien aseguró que su administración no permitirá que los establecimientos carcelarios continúen siendo utilizados para coordinar extorsiones, homicidios, narcotráfico y otras actividades ilegales.
La Presidencia sostuvo que la medida también pretende garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales y recuperar de manera permanente el control de las cárceles dentro del marco constitucional.
“Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley”, advirtió el Gobierno nacional.
