Las limitaciones de la red eléctrica colombiana les costaron a los usuarios $24,9 billones durante los últimos cuatro años, recursos que fueron cobrados a través de la tarifa para mantener la seguridad y continuidad del servicio.
Así lo reveló un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre el estado de los proyectos de expansión del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y del Sistema de Transmisión Regional (STR), con corte a mayo de 2026.
El estudio encontró que el 48,5 % de las restricciones identificadas en el sistema, equivalentes a 189 de 390, no tiene un proyecto de expansión asociado. Además, el 94,9 % no cuenta con una obra que avance de acuerdo con el cronograma previsto.
¿Qué son las restricciones?
Las restricciones se presentan cuando la infraestructura eléctrica, como líneas, redes o subestaciones, no tiene capacidad suficiente para transportar la energía desde los centros de generación hasta los lugares donde se necesita.
Para evitar interrupciones, XM debe ordenar el funcionamiento de plantas que no fueron seleccionadas inicialmente por ofrecer la energía más económica, pero que se encuentran en puntos estratégicos y son necesarias para garantizar la estabilidad del sistema.
Esta operación se conoce como generación de seguridad fuera de mérito. Como suele ser más costosa, la diferencia termina siendo asumida por los usuarios a través de la tarifa de energía.
Entre 2008 y 2025, el 71,4 % de esta generación de seguridad estuvo asociado, en promedio, a limitaciones de la red de transmisión, lo que muestra el impacto que tienen los atrasos y la insuficiencia de la infraestructura sobre el costo del servicio.
Costos en aumento
El costo de las restricciones del Sistema Interconectado Nacional acumuló $58,9 billones entre 2008 y 2025. De ese total, $24,9 billones, equivalentes al 42,2 %, se concentraron en los últimos cuatro años.
El valor anual pasó de $1,15 billones en 2008 a un máximo de $8,34 billones en 2024. En 2025 disminuyó a $5,36 billones por la normalización de las condiciones hidrológicas, pero continuó siendo 4,7 veces superior al registrado 18 años atrás.
Durante ese mismo período, la demanda nacional de energía aumentó 55,4 %, mientras que el número de proyectos de expansión vencidos pasó de cero en 2008 a 30 en 2025.
La Superservicios encontró una relación estadística entre la cantidad de proyectos atrasados y el incremento del costo de las restricciones. Sin embargo, aclaró que esta asociación no permite concluir que todos los sobrecostos hayan sido ocasionados exclusivamente por el incumplimiento de las obras.
Mayor impacto en el Caribe
El área operativa Caribe concentra el 39 % de las restricciones identificadas en el país. De estas, 73 no cuentan con un proyecto de expansión asociado, lo que representa una mayor exposición para los usuarios de la región.
La falta de líneas y subestaciones también puede dificultar la conexión de nuevos proyectos solares, eólicos y térmicos, debido a que la energía producida no puede incorporarse al Sistema Interconectado Nacional si no existe infraestructura suficiente para transportarla.
El informe atribuye los retrasos principalmente a dificultades logísticas y técnicas durante la construcción, demoras en los procesos de licenciamiento ambiental y problemas para adquirir predios y establecer servidumbres.
Ante este panorama, la Superservicios recomendó agilizar los trámites ambientales y prediales, fortalecer la coordinación entre la UPME, XM y los operadores de red, y establecer alertas tempranas para actuar antes de que venzan los cronogramas.
También propuso que, cuando se solicite aplazar la fecha de entrada de un proyecto, se calcule el sobrecosto que esa demora podría generar para los usuarios por concepto de restricciones.
