La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aseguró que desde la intervención de Air-e, en septiembre de 2024, ha realizado más de 20 gestiones ante los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para conseguir recursos y garantizar la continuidad del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El pronunciamiento se conoció en medio del mantenimiento de la terminal de regasificación de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG), programado entre el 30 de julio y el 3 de agosto, así como de las alertas por los efectos del fenómeno de El Niño.
Entre las acciones adelantadas, la Superservicios destacó diez visitas técnicas realizadas entre mayo y junio a centrales térmicas, solares e hidroeléctricas, con el propósito de verificar la disponibilidad del parque de generación y evitar la coincidencia de mantenimientos.
La entidad también reportó a los ministerios y al DNP la situación financiera de Air-e y su impacto sobre el Mercado de Energía Mayorista. Según explicó, una comunicación enviada el 17 de junio permitió la asignación de $200.000 millones al Fondo Empresarial.
Este fondo aprobó una financiación de hasta $200.000 millones para pagar obligaciones de Air-e con los agentes del mercado. Previamente, se habían desembolsado $60.000 millones mediante el contrato de mutuo 239 de 2026.
Medidas pendientes
La Superservicios informó que desde diciembre de 2025 solicitó al DNP la elaboración de un documento Conpes para respaldar una garantía soberana de la Nación por hasta $2 billones. También afirmó que ha insistido ante el Ministerio de Hacienda en la necesidad de obtener recursos de tesorería.
Además, remitió al Ministerio de Minas y Energía y al DNP un borrador del denominado Decreto de Nacionalización de Pérdidas, acompañado de su memoria justificativa.
También entregó insumos para la Resolución de Riesgo Sistémico, publicada para comentarios desde el 6 de enero de 2026. Ambos instrumentos continúan en trámite y, según la entidad, formarían parte de una solución estructural para evitar que la crisis de Air-e afecte a otros agentes del mercado eléctrico.
La Superintendencia recordó que solicitó una regulación diferencial para las empresas intervenidas, lo que dio origen a la Resolución CREG 101 067 de 2024. Asimismo, expidió una circular para evitar procesos de limitación de suministro contra Air-e.
“La Superservicios continúa trabajando de manera articulada con el Ministerio de Energía y las demás entidades del sector, aportando la información técnica y financiera necesaria para avanzar en una solución estructural”, afirmó el superintendente Felipe Durán.
La entidad también pidió a generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores redoblar los esfuerzos para garantizar la continuidad del servicio en la región Caribe frente al mantenimiento de SPEC y los efectos de El Niño.
Usuarios cuestionan los resultados
El coordinador de la Liga de Usuarios de la Región Caribe, Norman Alarcón, cuestionó los resultados de las gestiones presentadas por la Superservicios y aseguró que Air-e se encuentra en una situación financiera más crítica que antes de la intervención.
“A falta de pocos días para que termine este Gobierno, no se ha encontrado una solución para Air-e. La intervención no logró resolver los problemas de la comercializadora”, afirmó.
Alarcón recordó que el viceministro de Minas y Energía, Víctor Paternina, reconoció recientemente en Barranquilla que la empresa se encuentra “en cuidados intensivos”, expresión que, a su juicio, evidencia el deterioro financiero durante la toma de posesión.
Según el dirigente, antes de la intervención las obligaciones de Air-e ascendían a poco más de $500.000 millones, mientras que actualmente superan los $2 billones.
“El Gobierno perdió el año. Air-e está en cuidados intensivos y lo primero que se debía hacer era estabilizarla financieramente”, sostuvo Alarcón.
El representante de los usuarios consideró que las medidas fueron tardías y cuestionó que varias de las soluciones estructurales anunciadas, como la garantía de la Nación, el decreto relacionado con las pérdidas y la resolución de riesgo sistémico, todavía permanezcan en trámite.
