Los principales gremios del sector energético alertaron sobre la crítica situación que enfrenta la prestación de los servicios de energía eléctrica y gas natural en Colombia, debido a incumplimientos del Gobierno nacional y decisiones recientes que han agravado el deterioro financiero del sistema.
Según el comité intergremial del sector, las presiones económicas alcanzan los $9,2 billones, producto del no pago de subsidios (alrededor de $3,5 billones), la deuda por opción tarifaria ($2,2 billones), obligaciones oficiales ($1,4 billones) y la crisis de la empresa intervenida Air-e ($2,1 billones).
Este escenario, advirtieron, ha generado una fuerte restricción de liquidez que limita la capacidad de las empresas para operar, mantener la infraestructura y ejecutar nuevas inversiones, lo que pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio.
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Riesgo de apagón y presión sobre el sistema
El presidente de Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez Ortega, señaló que el sistema se ha mantenido gracias al esfuerzo financiero de las empresas.
Sostuvo que Colombia no se ha apagado gracias al esfuerzo sin precedentes de las empresas, “Las empresas han tenido que endeudarse para garantizar el servicio, a pesar de que los subsidios ya fueron entregados a los usuarios, y esos recursos siguen sin ser pagados. Esta deuda está afectando la sostenibilidad de las compañías que acentúa el riesgo de un apagón técnico, porque ya la demanda supera la oferta. Se deben tomar decisiones inmediatas», indicó.
Por su parte, el presidente de Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, advirtió que las empresas enfrentan un escenario de aumento de costos, reducción de ingresos y crecimiento de las deudas.
explicó que estas deudas son el resultado del no pago de subsidios $3,5 billones, de los cuales $2,32 corresponden de energía eléctrica y $1,15 para gas natural, por opción tarifaria $2,2 billones, las deudas oficiales que ascienden a $1,4 billones y la crisis de Air-e $2,1 billones.
Ante escenario, señaló, se ha generado una restricción severa de liquidez que limita la capacidad de las empresas para operar, mantener la infraestructura y ejecutar inversiones necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio. A pesar de que se han planteado múltiples propuestas y alternativas, no se han concretado soluciones.
“El Gobierno se comprometió a asumir los costos de la opción tarifaria —mecanismo que permitió diferir pagos de energía durante la pandemia—, pero hasta el momento esos recursos no han sido desembolsados. Hoy tenemos que decir que simplemente fueron anuncios. El presidente dijo que iba a entregar esos recursos, pero no están en ninguna parte”, señaló.
Asimismo, indicó que el sector ha presentado múltiples propuestas para aliviar la situación financiera, entre ellas el cruce de impuestos con las empresas y la titularización de deudas, con el fin de facilitar el acceso a financiamiento y garantizar que los bancos continúen prestando recursos. Sin embargo, afirmó que estas alternativas no han sido consideradas.
En la misma línea, la presidenta de Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Luz Stella Murgas, explicó que los subsidios ya fueron aplicados a los usuarios, pero los recursos no han sido girados por el Gobierno.
“Lo que hoy está pendiente es que el Gobierno gire esos recursos que ya se entregaron en la práctica. Si ese pago no llega, las empresas terminarán financiando con su propio patrimonio una política pública que no les corresponde sostener solas. Más allá de ser un debate, debe ser una conversación sobre protección social, continuidad del servicio y confianza en el sistema.» afirmó.
Crisis de Air-e
Por su parte el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, señaló que la intervención de Air-e no ha logrado resolver los problemas estructurales de la compañía y, por el contrario, ha incrementado los riesgos para el sistema.
Según explicó, la empresa acumula una deuda cercana a $2,1 billones con agentes del sector, mientras que en 18 meses ha tenido cinco agentes interventores, lo que refleja, a su juicio, falta de dirección y claridad en el proceso.
“El problema es que no hay un plan claro ni certeza sobre cómo se van a pagar las deudas. La solución es que el Gobierno disponga los recursos para poner a la empresa al día con el mercado”, afirmó.
Castañeda advirtió además que la situación financiera está afectando la operación de las plantas térmicas, que dependen de la compra de combustibles para garantizar la generación de energía. “Si no hay recursos, no hay cómo comprar combustibles y se pone en riesgo la confiabilidad del sistema”, indicó.
Falta de información y riesgo de déficit energético
Por su parte, la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, alertó sobre la falta de información clave para la planeación del sector.
Según explicó, desde hace varios meses el operador del sistema, XM, no publica datos consolidados sobre balances de energía y nuevos proyectos, lo que dificulta la toma de decisiones en un sector que requiere planeación de largo plazo.
“Sin información no podemos planear. Este es un sector que necesita entre seis y siete años de anticipación para desarrollar proyectos”, señaló.
Gutiérrez advirtió que el país podría estar entrando en un escenario de déficit energético, debido al atraso en proyectos de transmisión y a la falta de nuevas inversiones.
Inversión en riesgo por incertidumbre regulatoria
Los voceros del sector coincidieron en que la inestabilidad regulatoria y las recientes decisiones del Gobierno están afectando la confianza de los inversionistas.
Castañeda indicó que el sector ha invertido durante décadas bajo reglas estables, pero que en los últimos años estas condiciones han cambiado, lo que podría frenar nuevos proyectos.
En esa línea, citó advertencias de calificadoras internacionales sobre posibles impactos en los ingresos de las generadoras y el aumento del riesgo de escasez de energía.
“El país necesita inversiones entre $10 y $13 billones para atender la demanda, pero la incertidumbre está frenando esos proyectos”, señaló.
Los expertos también alertaron que el retraso en la entrada de nuevos proyectos es significativo. Según datos del sector, para 2026 solo ha entrado el 0,16 % de la energía proyectada, lo que agrava el panorama.
Advirtieron que un eventual racionamiento podría tener un impacto económico considerable, con pérdidas cercanas al 1,5 % del PIB y costos de hasta $250.000 millones por hora.
A esto se suma la presión sobre el sistema por la situación del gas y la posibilidad de un fenómeno de El Niño hacia finales de este año.
“El panorama es complejo. La seguridad energética del país está en riesgo si no se toman decisiones oportunas”, concluyeron.
Llamado urgente al Gobierno
Ante este panorama, los gremios hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para implementar un plan de choque financiero que permita restablecer el flujo de recursos en el sector.
Entre las medidas planteadas se encuentran el pago inmediato de subsidios, la asunción de la opción tarifaria y una solución estructural a la situación de Air-e.
