Las retenciones y restricciones de movilidad que han enfrentado trabajadores de Afinia están impidiendo la ejecución de obras necesarias para modernizar las redes eléctricas y reducir el riesgo de nuevas fallas en Calamar, Bolívar, según advirtió la compañía.
La filial del Grupo EPM solicitó a la Alcaldía, la Policía y los líderes comunitarios garantizar el ingreso, la permanencia y la salida de sus equipos técnicos en los sectores donde deben realizar inspecciones, mantenimientos e intervenciones.
De acuerdo con la empresa, las dificultades para desarrollar estos trabajos afectan la atención de una infraestructura que se encuentra sometida a una alta demanda de energía y presenta condiciones que podrían poner en riesgo la continuidad del servicio.
Transformador volvió a resultar afectado
El pasado 27 de julio, Afinia tuvo que reponer un transformador afectado por una quema, el cual ya había sido sustituido durante 2025.
Las revisiones posteriores mostraron que el equipo continúa expuesto a una demanda elevada, situación que podría ocasionar nuevas fallas.
Durante las inspecciones también fueron detectadas conexiones irregulares, diez usuarios sin contrato y un hotel de aproximadamente 40 habitaciones con sistemas de aire acondicionado. Según la compañía, estas condiciones aumentan la carga sobre la infraestructura existente.
Pérdidas llegan al 72,5 %
A los problemas técnicos se suman las pérdidas de energía y el bajo recaudo. Durante julio, 709 usuarios registraron una cartera vencida de $3.255 millones.
En ese mismo mes, Afinia recaudó $7,9 millones, equivalentes al 12 % del valor puesto al cobro. Asimismo, las pérdidas alcanzaron 1.564.783 kilovatios hora al mes, lo que representa el 72,5 % de la energía.
La compañía aseguró que el bajo recaudo y las elevadas pérdidas afectan los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad del servicio y ejecutar mejoras en las redes.
Comunidad no ha autorizado las obras
Afinia propuso una modernización integral de la infraestructura eléctrica de Calamar, que incluye la instalación de nuevos postes y transformadores, el cambio de redes y medidores y la legalización de usuarios.
La empresa indicó que estas intervenciones no tendrían costo para los habitantes. Sin embargo, aseguró que la comunidad no ha autorizado la ejecución de los trabajos.
La compañía insistió en que impedir el ingreso de los equipos técnicos aumenta el riesgo de nuevas fallas y reiteró que está dispuesta a ejecutar las obras, siempre que existan condiciones de seguridad para sus trabajadores.
