El gerente general de Afinia, Ricardo Arango, lanzó una fuerte advertencia sobre las consecuencias que tendría para el país una eventual suspensión de pagos por parte de la compañía, debido a la grave situación financiera que atraviesa.
“Si Afinia se va al default de pagos, como ya le sucedió a Air-e, el sector eléctrico colombiano se va al traste completo”, afirmó durante la audiencia pública realizada por la Comisión Quinta del Senado en Barranquilla.
Arango explicó que Afinia representa cerca del 13 % del mercado eléctrico nacional, presta el servicio en 134 municipios y presenta un desfase de caja cercano a $1 billón al año.
Aseguró que el incremento del precio de la energía durante el fenómeno de El Niño le ha representado a la compañía un sobrecosto cercano a $1 billón desde mayo. Afinia destina mensualmente entre $400 mil millones y $500 mil millones a la compra de energía para atender a sus usuarios.
“Estamos en una situación límite. No tenemos muchas más opciones porque la generación de caja no da para sostener la empresa. Hay una insostenibilidad de la compañía en este momento y las decisiones deben ser inmediatas”, advirtió.
Necesita $800 mil millones para terminar el año
El gerente señaló que Afinia necesita con urgencia $800 mil millones para sostener su operación y cumplir sus obligaciones con el mercado eléctrico hasta el próximo 31 de diciembre.
“Esto es un problema de plata. Necesitamos $800 mil millones para llegar al 31 de diciembre y el Grupo EPM no puede ponerlos”, manifestó Arango.
Frente a esta necesidad, el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, aseguró que están a la espera de los recursos que el Gobierno nacional se habría comprometido a entregar.
De acuerdo con Maya, los $800 mil millones serían girados en dos partidas de $400 mil millones, previstas para octubre y noviembre. Este respaldo permitiría atender la coyuntura inmediata, mientras se define una solución estructural para Afinia.
Subnormalidad eléctrica golpea las finanzas
Entre las principales causas de la crisis, Arango mencionó la expansión de las zonas de subnormalidad eléctrica, el bajo recaudo, las deudas de las entidades oficiales, el hurto de energía y la falta de recursos para ejecutar las inversiones que necesita la infraestructura.
Según explicó, en las zonas de subnormalidad eléctrica viven más de 170.000 familias y el nivel de recaudo apenas alcanza el 5 %. Esta situación le genera a Afinia un faltante anual de entre $390 mil millones y $400 mil millones.
“La perpetuación de la subnormalidad eléctrica es un cáncer en el Caribe”, afirmó el gerente, quien advirtió que dentro de estos sectores también funcionan actividades económicas que no deberían beneficiarse de los subsidios establecidos para los hogares más vulnerables.
Arango también indicó que entre el 40 % y el 50 % de los usuarios de estrato 1 no paga el servicio. En el estrato 2, el incumplimiento se encuentra entre el 20 % y el 40 %.
En contraste, sostuvo que los usuarios de los estratos 3, 4, 5 y 6 presentan un comportamiento similar al de otros mercados del país. Para el directivo, esto permite identificar que una parte importante del problema se concentra en las zonas de subnormalidad y en los sectores de menores ingresos.
Deudas oficiales alcanzan los $420 mil millones
Otro de los factores que afecta las finanzas de Afinia es la deuda acumulada por las entidades oficiales, que alcanzó los $420 mil millones con corte al 31 de agosto.
De acuerdo con Arango, cerca del 90 % de estas obligaciones corresponde a usuarios constitucionalmente protegidos, entre ellos hospitales, centros educativos y otras instituciones a las que no se les puede suspender fácilmente el suministro.
El gerente sostuvo que muchas entidades territoriales y descentralizadas no cuentan con los recursos suficientes o no han cumplido con el pago del servicio. Por esta razón, señaló que cualquier solución deberá contemplar el pago de la deuda oficial.
También pidió adoptar medidas más fuertes contra el hurto de energía. Explicó que las pérdidas no técnicas no se presentan únicamente en sectores vulnerables, sino también entre usuarios residenciales de ingresos altos, comercios e industrias.
“Existe una cultura y, en algunas zonas de alta pobreza, una necesidad de hurto, pero también encontramos esta práctica en los estratos 4, 5 y 6 y en sectores industriales y comerciales. Esa cultura de hurto la tenemos que atacar fuertemente”, indicó.
La empresa no tiene recursos para invertir
Afinia requiere inversiones anuales de entre $800 mil millones y $1 billón para modernizar las redes, mejorar la calidad del servicio y atender el crecimiento de la demanda.
Sin embargo, según Arango, la compañía apenas ha logrado ejecutar cerca de $400 mil millones anuales gracias a los aportes realizados directamente por el Grupo EPM.
EPM informó que desde que asumió la operación de Afinia ha destinado más de $3,6 billones. No obstante, la empresa matriz advirtió que no cuenta con capacidad para seguir cubriendo por sí sola el creciente faltante de recursos.
“Las dificultades que hoy enfrentamos no se pueden ignorar ni minimizar. Por eso hemos optado por hablar con transparencia, asumir nuestras responsabilidades y seguir tomando las decisiones que estén a nuestro alcance para proteger el servicio”, expresó John Maya.
El gerente de EPM sostuvo que la prioridad es evitar que la crisis termine afectando a los usuarios y pidió que las soluciones sean construidas conjuntamente por el Gobierno, las autoridades territoriales, las empresas y los demás actores del sector.
Buscan una solución estructural
Durante la audiencia se plantearon varias alternativas, entre ellas el pago de las deudas de las entidades oficiales, la titularización de obligaciones, créditos con condiciones favorables y medidas regulatorias que ayuden a mejorar el flujo de caja.
La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, señaló que el Gobierno trabaja con el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y las entidades del sector para conseguir los recursos y adoptar las medidas necesarias.
Arango agradeció las gestiones adelantadas por el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión Quinta del Senado, RAP Caribe, las gobernaciones y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pero insistió en que las decisiones no pueden seguir aplazándose.
Los $800 mil millones permitirían que Afinia llegue hasta el final de 2026, pero no solucionan las causas de la crisis. Por esa razón, EPM y la compañía consideran necesario definir antes del 31 de diciembre una salida estructural que garantice la continuidad del servicio y la estabilidad del mercado eléctrico nacional.
