Damnificados por terremoto en Risaralda tendrán alivios en servicios públicos y subsidios de arriendo

El Gobierno realizará un censo para identificar a las familias afectadas y definir quiénes podrán acceder a los beneficios. El alivio en las facturas se aplicará durante tres meses.

Las familias afectadas por el terremoto en Risaralda podrán acceder durante tres meses a un alivio económico en el pago de los servicios públicos, mientras que aquellas que perdieron sus viviendas recibirán un subsidio de arriendo para reubicarse temporalmente.

Las medidas fueron anunciadas este martes desde Pereira por el presidente Abelardo De la Espriella, quien ordenó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, realizar un censo para identificar y caracterizar a las personas damnificadas.

Este registro permitirá establecer el número de hogares afectados, las condiciones en las que quedaron sus viviendas y los beneficiarios de las ayudas anunciadas.

“He dado instrucciones precisas al señor ministro de Vivienda para que se decrete un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas en Risaralda por tres meses”, afirmó el mandatario.

De la Espriella aseguró que el objetivo es ofrecerles un respiro financiero a las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

“Vamos a hacer ese censo y vamos a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia. A mí se me arrugaba el corazón cuando pasaba por el centro de Pereira y veía todos esos negocios destruidos”, expresó.

La segunda medida consiste en estructurar un programa de subsidios de arriendo dirigido a las personas cuyas viviendas quedaron destruidas o no pueden ser habitadas.

Con esta ayuda, las familias podrán trasladarse temporalmente a otro inmueble mientras se adelantan la evaluación de los daños y las posteriores obras de reparación y recuperación de sus casas.

El comunicado no precisa todavía cuál será el valor del subsidio de arriendo ni cómo se aplicará el alivio en las facturas de servicios públicos. Estos detalles dependerán de la reglamentación de las medidas y de los resultados del censo de damnificados.

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