Tras la publicación del Decreto 044 de 2026 expedido en el marco de la emergencia económica declarada por el Gobierno nacional en el que se imponen a las empresas de generadoras de energía eléctricas nuevos gravámenes, la asociación la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), cuestionó la medida calificándola como inconveniente y de carácter confiscatorio, al considerar que afecta la sostenibilidad financiera del sector.
El presidente Ejecutivo de Anged, Alejandro Castañeda, afirmó que este decreto presenta serios vicios de ilegalidad, toda vez que compromete la suficiencia financiera de los agentes generadores y les traslada la carga de asumir deudas que no les corresponden. En el caso de las plantas térmicas, “estas medidas agravan el riesgo sistémico y ponen en peligro la continuidad del servicio de energía en el país”, indicó el líder gremial.
Sostuvo que la contribución parafiscal del 2,5% sobre las utilidades de las empresas generadoras destinada al fortalecimiento del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, recursos que serían utilizados para cubrir las acreencias de la empresa intervenida Air-e con el sector generador.
El gremio estima que la suma por este recaudo ascendería a cerca de $300 mil millones, lo que implica una afectación directa y desproporcionada sobre las utilidades de las compañías del sector.
Castañeda explicó que actualmente, las deudas de Air-e con los generadores ascienden a 1,7 billones de pesos, de los cuales 1,1 billones corresponden a generadores térmicos. Para Andeg, afirmó, esta medida equivale a un “autopago”, ya que obliga a las empresas a financiar, mediante un nuevo tributo, el pago de obligaciones que el propio Estado mantiene con ellas.
“Vendimos energía a Air-e, hoy bajo administración del Gobierno, y ahora se nos cobra un impuesto para pagarnos esa misma deuda”, advirtió el gremio.
Otro de los puntos críticos para las empresas generadoras es la creación de un mecanismo que obliga a las generadoras a entregar el 12% de la energía que venden en bolsa a empresas intervenidas, permitiendo luego canjear ese aporte por descuentos futuros en el impuesto de renta.
Para el sector, este esquema distorsiona el funcionamiento normal del mercado eléctrico, que tradicionalmente opera mediante contratos, transacciones en bolsa y reglas técnicas administradas por el operador del sistema.
Finalmente, el gremio reiteró su llamado a la Corte Constitucional para que revise tanto el decreto de emergencia expedido en diciembre como el Decreto 044, al considerar que no existen hechos sobrevinientes que justifiquen estas medidas extraordinarias. Asimismo, solicitó que se evalúe la adopción de medidas cautelares que suspendan su aplicación mientras se analiza su constitucionalidad.
