A través de un fallo judicial, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordena a los ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía que en el término de 10 días, una vez notificados, adelanten las acciones para garantizar los recursos para cubrir los subsidios correspondientes a las vigencias 2024 y 2025.
Además, una vez este en firme la decisión, y en cumplimiento de lo ordenado en el fallo deberán presentar informes mensuales.
El fallo busca proteger a los usuarios de los servicios de energía eléctrica y gas pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, así como a los hogares de menores ingresos en las zonas rurales.
En la orden judicial se hace referencia al hecho que el Ministerio de Minas y Energía había anunciado el pasado 20 de mayo de 2025, que destinaría cerca de 2,5 billones de pesos para cubrir la deuda acumulada de subsidios de energía y gas correspondiente al año 2024 y las resoluciones emitidas entre enero y mayo de 2025.
Sin embargo, ese valor no coincide con las cifras que ha reportado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es la entidad encargada de asignar y transferir los recursos del presupuesto nacional. Es decir, hay una diferencia o inconsistencia entre lo que dice cada ministerio.
En ese sentido, los gremios del sector, Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, SER Colombia y ACP, reconocieron que el giro anunciado de 2.5 billones serviría para saldar casi toda la deuda de 2024. Sin embargo, el pago del primer trimestre de 2025 aún está pendiente, y la deuda ya supera 1,1 billones de pesos. Y para cubrir los subsidios correspondientes al resto de 2025, aún faltan por apropiarse unos 3,8 billones de pesos.
Al respecto, José Camilo Manzur, director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), recientemente señaló que se deben apropiar los recursos para cubrir el déficit de 2025 y que aún no están garantizados. “Solo hasta mayo, las empresas del país ya han aportado 1.5 billones en subsidios. Necesitamos que se giren esos recursos y que se apropie el déficit proyectado para 2025”, afirmó.
De acuerdo con el fallo del tribunal no existe evidencia suficiente de que esos dineros anunciados o girados estén realmente asegurando los recursos necesarios para cubrir los subsidios a los hogares más vulnerables.
