De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, en los últimos dos años las tarifas de energía eléctrica han bajado de manera sostenida en más del 16 % a nivel nacional, y en el caso de la región Caribe en más del 28 %.
El reporte entregado por el Gobierno señala que el sector eléctrico registraba incrementos anuales “desbordados”, cercanos al 25,9 %, muy por encima de la inflación y del crecimiento de los ingresos de los hogares. En ese periodo, el costo del servicio alcanzó picos superiores a $1.000 por kilovatio-hora a nivel nacional y $1.200/kWh en el Caribe.
“Recibimos un sector con tarifas desbordadas. Hoy, gracias a decisiones firmes del Gobierno, las familias colombianas pagan menos por la luz y cuentan con mayor estabilidad en sus facturas”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
Minminas reiteró que, como resultado de las decisiones regulatorias y de política pública adoptadas desde esta cartera, desde noviembre de 2024 las tarifas crecen por debajo de la inflación y que, durante 2025, ocho de los doce meses registraron variaciones anuales negativas, con reducciones de hasta –4,81 %.
Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, la tarifa de la energía eléctrica registró una caída del 2,54 %, incluso por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en ese mismo periodo se ubicó en 5,10 %.
La región Caribe es la que presenta la mayor reducción en el costo de la energía, con rebajas más pronunciadas en las zonas operadas por Air-e —Atlántico, Magdalena y La Guajira—, donde el valor promedio del kilovatio-hora se ubica en $796/kWh.
En los territorios atendidos por Afinia —Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y 11 municipios del Magdalena—, el costo alcanza los $879/kWh, lo que representa reducciones promedio del 34 % y 22 %, respectivamente, mientras que a nivel nacional la disminución es del 16 %.
Según Minminas, este comportamiento se traduce en que los hogares colombianos destinan hoy una menor proporción de sus ingresos al pago del servicio, con ahorros mensuales estimados entre $30.000 y $70.000 para millones de familias.
“La política energética debe servir al bienestar de la gente. Nuestro compromiso es seguir avanzando hacia una justicia tarifaria que garantice un servicio esencial con precios razonables y sostenibles”, expresó Palma.
Finalmente, el Ministerio reiteró que continuará trabajando en medidas estructurales para garantizar tarifas justas, fortalecer la regulación del sector, mantener la confiabilidad del servicio y proteger el poder adquisitivo de los hogares.
