En su reciente visita a Barranquilla, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó que continúa en curso el proyecto de resolución que contempla el cobro vía tarifa de cerca de $8 por kilovatio hora a los usuarios de los estratos 3, 4, 5 y 6, así como a los sectores comercial e industrial de todo el país, con el objetivo de financiar el pago de las deudas de Air-e y garantizar la continuidad del servicio eléctrico en el Caribe.
Palma explicó que, aunque el documento aún se encuentra en fase de borrador y comentarios, la iniciativa sigue en evaluación y forma parte de las medidas estructurales que el Gobierno considera necesarias para sostener la operación de la empresa intervenida.
“Estamos revisando un borrador de resolución para aplicar una medida gradual, dirigida a quienes tienen mayor capacidad de pago. No es una medida gravosa, pero sí necesaria para poder sostener a Air-e y garantizar el suministro de energía a más de 1,5 millones de familias en tres departamentos del Caribe”, afirmó el funcionario.
Palma reconoció que se trata de una decisión impopular, pero insistió en que es una medida obligada ante la compleja situación financiera del operador. “Ya lo hemos dicho: es una decisión difícil, pero necesaria. Lo que está en juego no es un tema político, sino el bienestar de millones de usuarios”, señaló.
Medidas regulatorias para evitar un apagón
El ministro aseguró que el Gobierno ha venido adoptando acciones regulatorias desde el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para blindar la prestación del servicio en la región Caribe.
Según Palma, de no haberse tomado la decisión de intervenir Air-e en 2025, a solicitud de los antiguos propietarios, Atlántico, Magdalena y La Guajira habrían enfrentado un escenario crítico de desabastecimiento eléctrico.
“Si el Gobierno no hubiera intervenido a tiempo, estos tres departamentos ya se habrían apagado. Por eso vamos a seguir tomando todas las decisiones necesarias para garantizar el servicio público”, recalcó.
