Pese a inversiones que superan los $1,3 billones en Bolívar, la sostenibilidad del servicio de energía continúa en riesgo por la alta ilegalidad, el bajo recaudo y las pérdidas técnicas y no técnicas que aún afectan a la región.
Así lo advirtió el gerente de Afinia, filial del Grupo EPM, Ricardo Arango, quien aseguró que, aunque la compañía ha logrado mejorar hasta en un 60% la calidad del servicio mediante la modernización de la infraestructura, los problemas estructurales persisten.
“Hemos invertido más de 1,3 billones de pesos, con mejoras reales en el servicio, pero se requieren acciones conjuntas. El pago oportuno, el uso eficiente de la energía y evitar sobrecargas son fundamentales para sostener estos avances”, indicó.
El directivo explicó que los recursos se han destinado a la instalación de nuevos postes, redes, transformadores y medidores, así como a programas como Energía a la Medida, que ya supera los 40 mil usuarios. No obstante, reconoció que los esfuerzos de los últimos cinco años no han sido suficientes para revertir el panorama.
Uno de los focos críticos es el sur de Bolívar, donde, pese a 145 jornadas de socialización con comunidades, se han presentado bloqueos a proyectos y dificultades para ejecutar obras. A esto se suma una situación financiera compleja: deudas cercanas a $41 mil millones, pérdidas del 60% y un recaudo que apenas alcanza el 29%.
Arango también denunció hechos de orden público que afectan la operación. El pasado 2 de mayo, un vehículo de un contratista fue incinerado, lo que evidencia los riesgos que enfrenta el personal en terreno.
El gerente enfatizó que uno de los mayores desafíos es transformar la relación de los usuarios con la energía. Actualmente, se registran consumos que superan los 400 kWh en algunos municipios, muy por encima del promedio de 150 kWh en zonas con condiciones similares, lo que genera sobrecargas y afecta la calidad del servicio.
Además, advirtió sobre conexiones ilegales, manipulación de redes y el uso indebido de energía para actividades de alto consumo, como algunas operaciones mineras, sin que hasta ahora se evidencien acciones contundentes de control.
En este contexto, Afinia reiteró el llamado a autoridades locales, entes de control y comunidades para avanzar en soluciones conjuntas que permitan frenar la ilegalidad, mejorar el recaudo y garantizar un servicio confiable en el departamento.
