Siguen creciendo las reacciones por las medidas adoptadas por el Gobierno nacional a través de la expedición del Decreto legislativo 0044 de 2026 que establece nuevos tributos a las empresas generadoras de energía.
En ese sentido, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) expresó su preocupación al considerar que generan incertidumbre jurídica y afectan la estabilidad del sector eléctrico.
Según el gremio, los cambios introducidos en el marco del Estado de Emergencia Económica y Social alteran de manera abrupta las reglas de juego, lo que podría frenar nuevas inversiones, impactar el desarrollo de proyectos de energías renovables, la subasta del cargo por confiabilidad y los procesos de contratación de largo plazo impulsados por el Ministerio de Minas y Energía.
Acolgen recordó que, durante los últimos 30 años, las empresas generadoras han invertido más de $140 billones para garantizar el suministro eléctrico en el país, y advirtió que Colombia necesita destinar entre $10 y $13 billones anuales para asegurar la oferta futura de energía.
En este contexto, Acolgen alertó que la modificación repentina de las reglas debilita la confianza de los inversionistas, justo cuando el país enfrenta un riesgo de escasez de energía firme que podría alcanzar el -3,5% en 2027, según cifras de XM.
“Las nuevas medidas alteran de manera injustificada el marco jurídico y pueden frenar la inversión en el sector eléctrico”.
El gremio también señaló que las medidas contenidas en el decreto dificultan el acceso a financiación, desincentivan nuevas inversiones y podrían vulnerar tratados internacionales, además de generar efectos similares a una expropiación.
Advirtió, además, incrementa el riesgo de problemas en el suministro eléctrico en los próximos años y afecta no solo al sector, sino también a los hogares, las empresas y la competitividad del país.
Sobre la situación en la región Caribe, Acolgen sostuvo que no se trata de un hecho súbito ni imprevisible, por lo que cuestionó la necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas.
Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que reconsidere estas decisiones y aborde los retos del sector mediante mecanismos institucionales ordinarios, diálogo técnico, planeación y reglas claras que garanticen seguridad jurídica.
