En la región Caribe, un creciente movimiento ciudadano ha comenzado a tomar fuerza. Se trata de propietarios de conjuntos residenciales, edificios y centros comerciales que, tras años de pagar facturas de energía desproporcionadas, decidieron decir “basta” y organizarse para exigir un sistema más transparente: medidores individuales para las zonas comunes.
La inconformidad ha madurado en una acción colectiva. La campaña de recolección de firmas, liderada por la ingeniera eléctrica Carolina Ríos y los abogados Ricardo Núñez y Jorge Panza, respalda una acción popular ya en curso que busca modificar el modelo de cobro de las empresas Air-e y Afinia.
Actualmente, la energía de las áreas comunes se cobra utilizando un medidor general o “totalizador” —también llamado “padre”— al cual se le descuentan los consumos de los apartamentos u oficinas. Lo que sobra, sin importar su precisión, es facturado como gasto común, disparando los costos para las comunidades.
“El problema no es solo técnico. Es una injusticia financiera que afecta a más de 100 mil familias”, denuncia Ríos. “Hemos documentado casos en que las facturas de zonas comunes pasaron de $3 millones a más de $10 millones sin explicación clara”.
Más preocupante aún, muchas constructoras nuevas están siendo obligadas a acogerse a este modelo, pese a contar con infraestructura para operar con medición individual. Esto ha incrementado el valor de las cuotas de administración, afectado la sostenibilidad de las copropiedades y llevado a algunos propietarios a contemplar la venta de sus inmuebles.
Lejos de tratarse de una protesta aislada, los líderes de esta iniciativa aseguran que esta es una causa ciudadana, sin intereses políticos, que busca justicia y equidad. “No pedimos favores. Pedimos que se respete la ley de servicios públicos, que establece el principio de facturación individual. Es lo justo”, afirman.
La acción popular plantea revisar a fondo este sistema y corregir lo que muchos consideran un abuso técnico y financiero heredado desde la época de Electricaribe. El llamado es claro: que cada edificio tenga su propio medidor de zonas comunes y que los cobros reflejen el consumo real.
La movilización sigue creciendo, y con ella, la esperanza de que esta vez, los usuarios sean escuchados
