La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez Jaramillo, presentó ante la Corte Constitucional una intervención formal en la que solicita declarar inexequible el Decreto Legislativo 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio colombiano.
El pronunciamiento fue radicado dentro del proceso de control automático de constitucionalidad que adelanta el alto tribunal y que tiene como magistrado ponente a Carlos Camargo Assis.
El Consejo Gremial considera que el decreto no cumple con los requisitos constitucionales exigidos para este tipo de medidas excepcionales. En particular, señala dos fallas centrales: el incumplimiento de exigencias formales —como la firma válida de todos los ministros competentes— y la ausencia de los presupuestos fáctico, valorativo y de suficiencia que exige el artículo 215 de la Constitución.
Según la intervención, la declaratoria de emergencia se sustenta en situaciones estructurales y previsibles, o asociadas a la gestión ordinaria del Estado, lo cual, a juicio del gremio, no corresponde a circunstancias extraordinarias que justifiquen el uso de poderes excepcionales.
“El decreto se funda en condiciones que no cumplen el estándar estricto que exige la Constitución para declarar un estado de emergencia”, advierte el documento.
El Consejo Gremial también cuestiona que el Gobierno haya recurrido a esta figura sin demostrar que los mecanismos ordinarios del Estado fueran insuficientes para atender la situación, lo cual es uno de los criterios fundamentales que evalúa la Corte Constitucional.
Ahora será el alto tribunal el encargado de analizar los argumentos presentados y definir si el Decreto 1390 se ajusta o no al marco constitucional, una decisión que podría tener impactos políticos, económicos y fiscales en la aplicación de las medidas adoptadas bajo la emergencia.
